En Ecuador, su explotación constituye una actividad económica relevante para comunidades pesqueras artesanales, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. Debido a la presión extractiva, el Estado ecuatoriano regula su captura mediante períodos de veda (reproducción y muda), tallas mínimas permitidas y registro de recolectores, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del recurso. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca es la entidad encargada de estas regulaciones, basadas en criterios biológicos y socioeconómicos.